Con dos juicios políticos sobre sus espaldas, sobresueldos escandalosos, compra de camionetas de alta gama, nepotismo y acusaciones de subordinación al Ejecutivo provincial, Javier Raidan y Andrés Giacomone condujeron al máximo tribunal de Chubut a su peor crisis institucional. Ahora, en un giro que desafía toda lógica republicana, Raidan aspira a ocupar una banca en la Corte Suprema de la Nación.
Hay instituciones que se degradan lentamente y hay instituciones que se derrumban con estrépito. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut eligió el segundo camino. Lo hizo de la mano de dos hombres que llegaron a sus cargos con la investidura del poder político y se quedaron para hacer de ese tribunal un instrumento dócil, sacudido hoy por escándalos que van desde sobresueldos obscenos hasta la compra de camionetas de lujo, pasando por el nepotismo más descarado y la sumisión al Ejecutivo provincial que ofende cualquier noción básica de independencia judicial.
Javier Raidan y Andrés Giacomone. Esos son los nombres. Y esos son los responsables.
Un hombre con dos juicios políticos y ambiciones nacionales
Raidan atraviesa el momento de mayor exposición desde su llegada a Chubut. Hoy enfrenta las consecuencias de los escándalos que arrastra en un momento bisagra donde, con una audacia que bordea el cinismo, busca cubrir uno de los cupos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que podría parecer un chiste tiene nombre y apellido, y cuenta con el silencio cómplice de quienes debieran oponerse.
Su desembarco en Chubut como figura externa le permitió llegar sin compromisos previos con los actores locales. Esa misma condición, sin embargo, implica que carece de una estructura política propia capaz de sostenerlo si cambia el escenario provincial. A ello se suma su paso por el Ministerio de Justicia durante la gestión de Julio Alak, en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, antecedente que algunos observadores ya señalan como posible foco de exposición futura y que hace aún más paradójico su actual rol como pieza del esquema judicial del gobernador Ignacio Torres.
Si el presidente Javier Milei decide avalar la postulación de Raidan a la Corte Suprema, habrá resuelto levantar las banderas de la impunidad en un contexto de descomposición política y creciente inmoralidad institucional. La señal sería clara: en la Argentina de hoy, los antecedentes no importan. Los escándalos tampoco.
La denuncia que sacude la Legislatura: sobresueldos, camionetas y nepotismo
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) y la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial de Chubut presentaron ante la Legislatura un nuevo pedido formal de juicio político contra Raidan. La acusación se centra en los aumentos salariales otorgados por el pleno del Superior Tribunal cuando lo conducía, que en algunos casos habrían significado sobresueldos cercanos al 60%. En tiempos en que el ajuste fiscal aplasta a jubilados y trabajadores, los integrantes del tribunal se habían votado, ellos mismos, una mejora salarial de ese calibre. El dato habla por sí solo.
Pero el expediente no se limita a la cuestión salarial. También aparecen cuestionamientos por la compra de seis camionetas de alta gama para los integrantes del Superior Tribunal: Camila Banfi Saavedra, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos, Mario Vivas, Andrés Giacomone y el propio Raidan. Seis camionetas de lujo para seis magistrados que, al mismo tiempo, se otorgaban sobresueldos millonarios. El contraste con la realidad de los trabajadores judiciales que los denuncian no podría ser más elocuente.
A esto se suman denuncias por nombramientos sin concurso de familiares o allegados dentro del Poder Judicial, práctica que viola de manera flagrante los principios de transparencia e idoneidad que deben regir el ingreso a la función pública. Y para completar el cuadro, también se denuncian presuntos casos de persecución laboral y maltrato institucional contra quienes se atrevieron a cuestionar las decisiones del tribunal.
La independencia judicial: una ficción en Chubut
Uno de los ejes más sensibles de la presentación apunta al corazón del sistema republicano: la independencia del Poder Judicial. Los denunciantes sostienen que existe una creciente influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial de Chubut y advierten sobre una alteración del equilibrio que la Constitución provincial fue diseñada para proteger. En el texto presentado ante la Legislatura se remarca que los poderes del Estado deben controlarse mutuamente y que existen mecanismos para corregir abusos cuando uno de ellos excede sus atribuciones.
Convertido en una de las piezas más importantes del esquema judicial del gobernador Torres, Raidan no es un magistrado independiente: es un operador político. Quienes conocen su recorrido sostienen que su aspiración a la Corte Suprema se apoya menos en antecedentes académicos o producción jurídica que en la red de vínculos y favores construida durante años en Comodoro Py, en el Ministerio de Justicia y en distintos espacios de poder político. La pregunta que nadie termina de responder en voz alta en los pasillos del tribunal es cuánto tiempo más puede sostenerse esa arquitectura de conveniencias.
El destino del expediente: entre la ley y la política
La denuncia deberá ser analizada por la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura del Chubut. Si supera el examen de admisibilidad, el expediente llegará a la Sala de Acusar, instancia que podría dar inicio formal al proceso de juicio político. El oficialismo provincial cuenta con mayoría tanto en esa comisión como en la Sala de Juzgar, por lo que el futuro de la iniciativa dependerá tanto de los argumentos jurídicos como de las negociaciones políticas que se desarrollen en las próximas semanas. En otras palabras: la suerte de Raidan la decidirá la política, no la justicia.
En ámbitos políticos nacionales, su nombre aparece mencionado como una posible pieza de negociación en un eventual acuerdo entre sectores del kirchnerismo y La Libertad Avanza para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. La paradoja es tan brutal como reveladora: un magistrado que enfrenta dos pedidos de juicio político, acusado de corrupción y de subordinar la justicia al poder ejecutivo, podría terminar en el máximo tribunal del país. La postulación de Raidan a la Corte ya genera fuertes críticas a nivel político, institucional y académico, precisamente porque condensa todo lo que está mal con la justicia argentina.
Un tribunal que perdió su razón de ser
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut nació para ser la garantía última de los derechos de los ciudadanos de la provincia. Bajo la conducción de Raidan y Giacomone, se transformó en otra cosa: en un aparato funcional a los intereses del poder de turno, repleto de privilegios para sus integrantes y sordo a las denuncias de quienes trabajan dentro de sus propias paredes.
Da lástima, sí. Pero sobre todo da vergüenza. Y esa vergüenza tiene nombre y apellido.
