La empresa estadounidense dio por «completamente resuelto» el litigio con Profand y elogió a su ex rival. Con ese gesto se extingue legalmente la acusación que pesaba sobre Andrés Meizsner, el funcionario provincial señalado por haber pedido 6,5 millones de dólares en efectivo. El Gobierno de Chubut compensó a ambas pesqueras con cuotas, tierras y condonaciones de deuda para cerrar una crisis que él mismo generó.
El cierre llegó en silencio, como suelen cerrarse en la Argentina los asuntos que alguna vez hicieron ruido. Red Chamber comunicó el fin de semana que retiró su demanda judicial contra Profand ante los tribunales de California y declaró el conflicto «completamente resuelto». Lo que no dijo el comunicado —pero que tiene consecuencias jurídicas y políticas de primer orden— es que con esa demanda se cae también la única acusación formal que existía contra Andrés Meizsner, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Ignacio Torres: el presunto pedido de coimas por 6,5 millones de dólares en dinero no registrado.
La denuncia que ahora se evapora
Cuando en septiembre del año pasado el gobierno de Torres rescindió el contrato que habilitaba a Red Chamber a operar los bienes de la ex Alpesca y transfirió la explotación a la española Profand, la firma norteamericana respondió con una demanda en California que incluía acusaciones de delitos comerciales graves. En ese expediente figuraba, con nombre y apellido, Meizsner: según la presentación judicial, el funcionario provincial les habría solicitado a los dueños de Red Chamber el pago de 6,5 millones de dólares en negro como condición para sostener el vínculo.
Los señalados negaron todo de manera categórica. Pero la denuncia existía, estaba radicada ante la justicia de un país extranjero y tenía la contundencia de un nombre propio en un expediente.
Con el retiro de la demanda, ese expediente desaparece. No hubo sentencia, no hubo instrucción completa, no hubo condena. Tampoco absolución. La acusación se retira sin que la Justicia se pronuncie, y Meizsner sale de la escena judicial sin que ningún tribunal haya dirimido si lo que se le imputaba era verdad o mentira.
El camino que llevó al acuerdo
La crisis tuvo su génesis en una decisión gubernamental que el propio oficialismo no pudo sostener. Cuando la Provincia rescindió el contrato con Red Chamber por supuesto incumplimiento y entregó la operación de la ex Alpesca a Profand, la movida pareció más un golpe de gestión que una decisión fundada en derecho. En cuestión de semanas, bajo la presión de la demanda en California y el escándalo público, el Gobierno de Chubut se vio obligado a buscar una salida que dejara conformes a las dos partes.
El resultado fue doble y costoso para las arcas provinciales. A Red Chamber le devolvió la planta a través de un acuerdo conciliatorio homologado en noviembre por el Superior Tribunal de Justicia. El convenio incluyó la conversión de cinco permisos de pesca, tres adicionales de flota amarilla —sujetos aún a aprobación legislativa— y dos de centolla, más la cuota de merluza correspondiente a los buques de Alpesca. El acuerdo también redefinió las condiciones laborales de la planta, habilitó la libre disponibilidad de materia prima y fijó a California —paradójicamente— como sede de un eventual arbitraje futuro.
A Profand, que ya había desembolsado dinero para poner en marcha la operación antes de ser desplazada, la Provincia la compensó en febrero: le condonó una deuda existente, le cedió 5.000 toneladas de cuota de merluza hubbsi con vigencia hasta 2039 y le asignó un terreno en el Parque Industrial Pesquero de Puerto Madryn. A cambio, la empresa española renunció a reclamar en sede judicial.
Los trabajadores que nadie defendió
Mientras gobernantes, empresarios y abogados negociaban los términos del acuerdo en despachos cerrados, casi cien familias de Puerto Madryn quedaron en la calle. Cuando se firmó el convenio homologado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, los trabajadores que dependían del sueldo de Red Chamber fueron despedidos sin causa. El gremio que debía defenderlos, el STIA conducido por Luis Nuñez, no solo no peleó por ellos: fue parte del problema. La dirigencia sindical actuó como cómplice de un vaciamiento laboral silencioso, y el abogado del gremio, Bautista Mora —de extracción radical—, no movió un solo papel a favor de los despedidos. Ninguna medida de fuerza, ninguna presentación judicial, ningún amparo. Solo silencio del lado de quienes cobran para hacer exactamente lo contrario.
La oposición que también miró para otro lado
El peronismo, principal fuerza opositora al gobierno de Torres en la Legislatura provincial, tampoco estuvo cerca de esas familias cuando más lo necesitaban. Que Luis Nuñez sea al mismo tiempo secretario general del STIA y titular de la CGT local ayuda a entender por qué el bloque peronista se quedó bien callado durante meses: los vínculos entre el sindicalismo y la política partidaria son tan estrechos en Chubut que la solidaridad de clase suele naufragar en las mismas aguas en que flotan los acuerdos de cúpula. Recién a los siete meses de los despidos, el bloque opositor apareció con un pedido de informes. Tarde y mal —como suele decirse en estos casos—, una jugada más de tribuna que de convicción, protagonizada por los mismos actores que durante el conflicto más agudo estuvieron notoriamente ausentes de cualquier trinchera que no fuera la de sus propios intereses.
El comunicado que no nombra a nadie
El texto difundido el fin de semana por Red Chamber fue notable por lo que omitió. La misma empresa que meses atrás había acusado a Profand de espionaje y corrupción elogió ahora la «profesionalidad y transparencia» de su ex rival. El comunicado se limitó a describir la relación entre las dos compañías privadas y no hizo ninguna mención a la Provincia de Chubut, a sus funcionarios ni a las acusaciones de coimas que habían llegado hasta los tribunales estadounidenses.
El silencio sobre Meizsner no es un detalle menor: es la arquitectura del acuerdo. Para que el cierre funcionara, la denuncia que lo nombraba tenía que desaparecer junto con el resto del litigio.
El costo político de resolver lo que se generó
Lo que queda de este episodio es un gobierno provincial que compensó con recursos públicos —cuotas pesqueras de valor estratégico, tierras, condonaciones de deuda— un error de gestión que él mismo cometió. Los beneficios otorgados a las dos empresas no fueron graciosas concesiones: fueron el precio de desactivar una crisis judicial y mediática que escaló hasta los Estados Unidos.
Ahora el capítulo se cierra, pero no del todo. Tres de los permisos de pesca adicionales comprometidos a Red Chamber dependen todavía del aval de la Legislatura provincial. La pregunta que queda abierta —y que el tiempo responderá— es si los legisladores estarán dispuestos a validar los términos de un acuerdo que nació de una decisión equivocada y se resolvió con el patrimonio de todos los chubutenses.
