Concejales que responden al PJ de Comodoro y referentes de Unidos y Organizados frenan con chicanas políticas un proyecto que podría resolver el déficit habitacional de la ciudad. La diputada Mariela Williams los dejó sin argumentos.
PUERTO MADRYN — En política hay dos tipos de oposición: la que controla, debate y mejora, y la que simplemente obstaculiza porque le duele el éxito ajeno. Lo que ocurre con algunos concejales de Puerto Madryn con el proyecto de Unidad Ejecutora para el loteo del Ensanche Sur pertenece, lamentablemente, a la segunda categoría.
La iniciativa es sencilla en su concepto y urgente en su necesidad: crear una estructura de gestión que permita a la Municipalidad de Puerto Madryn avanzar de manera eficiente en la asignación de terrenos para que los vecinos que necesitan un lugar donde vivir puedan construir su hogar. Un proyecto social en el sentido más concreto del término.
Sin embargo, un grupo reducido de concejales y referentes políticos decidió transformar esa oportunidad en trinchera de campaña.
El frente del “No” y sus argumentos de cartón
Las concejalas Andrea Rueda de Unidos y Organizados y Lucila González cuya agenda responde con llamativa fidelidad a los intereses del peronismo de Comodoro Rivadavia más que al vecino de a pie de Puerto Madryn, encabezaron la ofensiva. A ellas se sumó Nancy González, una figura que lleva décadas en el Estado y que pocas veces ha estado del lado de quien impulsa algo nuevo para la ciudad.
El argumento estelar de Andrea Rueda y Lucila González fue el siguiente: la modificación introducida en el Senado por la senadora Edith Terenzi “le abría la puerta a los desarrolladores inmobiliarios y a la especulación”. Una denuncia que, de ser cierta, merecería toda la atención del mundo. El problema es que no lo es. Y el texto de la ley lo deja en evidencia con una claridad que no admite interpretaciones creativas.
El Artículo 5° de la norma establece, en términos inequívocos, que al momento de transferir cada terreno la Municipalidad deberá imponer como mínimo las siguientes restricciones: cuatro años máximo para construir la vivienda familiar; cuatro años y seis meses para ocuparla y habitarla efectivamente; y diez años mínimos durante los cuales el adquirente no podrá vender ni alquilar el inmueble.
La pregunta que cualquier ciudadano de buena fe se hace al leer eso es la misma que formuló públicamente la diputada provincial Mariela Williams: ¿cómo haría un desarrollador inmobiliario para hacer negocio con un lote que no puede vender ni alquilar durante una década, pero que además debe estar habitado en cuatro años y medio?
La respuesta, claro está, es que no puede. Porque la ley no se lo permite. Porque ese artículo fue diseñado exactamente para blindar el acceso a la vivienda familiar y alejar la especulación. Lo que Rueda y González presentaron como una “puerta abierta” al negocio inmobiliario es, en los hechos, un cerrojo con cadena y candado.
Williams les puso nombre y apellido a las mentiras
La diputada provincial por Puerto Madryn, Mariela Williams, intervino directamente en el posteo que Unidos y Organizados publicó para agitar la polémica. Y lo hizo sin anestesia.
Williams señaló que la reforma de la ley apunta también a que en el sector pueda haber comercios de proximidad porque tal como quedó redactada originalmente la norma, instalar un mercado barrial, una verdulería o una farmacia en el Ensanche Sur era jurídicamente inviable.
Luego fue al hueso: calificó de mentira la afirmación de que la modificación favorece a los desarrolladores inmobiliarios y desafió a los detractores a explicar el mecanismo concreto por el cual alguien especularía con un bien que no puede comercializar durante diez años. Nadie respondió con datos. Porque no hay datos que sostengan esa postura.
“Lo que ustedes están haciendo tiene un claro tinte político partidario. Poco les importa si los vecinos tienen donde vivir o no”, escribió Williams. Una frase que duele precisamente porque es difícil refutarla.
La concejala Rueda y el consejo para violar la ley
Pero el episodio más grave de toda esta historia no fue la desinformación sobre el articulado. Fue lo que escribió la propia concejala Andrea Rueda cuando intentó resolver el problema de las personas jurídicas —SRL, SA— que no podrían acceder a los terrenos bajo el marco legal vigente.
Su solución, expresada sin ningún pudor en los comentarios públicos, fue la siguiente: que la empresa compre el terreno “a nombre de la persona física” y luego opere como sociedad comercial. En otras palabras, la concejala de un cuerpo legislativo municipal propuso abiertamente eludir la ley a través de un testaferro.
La concejala de un cuerpo legislativo municipal propuso abiertamente eludir la ley a través de un testaferro.
La diputada Williams no dejó pasar la desliz: “¿O sea que Ud. propone que esquive la ley comprando a nombre de otro? Impecable lo suyo. No se puede creer.”
Difícil agregar algo a eso. Una concejala, investida del mandato popular, proponiendo como solución técnica lo que el Código Civil y el Código Penal argentino definen, según el contexto, como simulación ilícita o testaferría. Y todo en el marco de un debate que supuestamente busca proteger a los vecinos.
El trasfondo político que no es un secreto
Tanto Andrea Rueda como Lucila González han demostrado a lo largo de su trayectoria reciente que su brújula política apunta al interés del PJ de Comodoro Rivadavia antes que al progreso de Puerto Madryn. Una ciudad que crece, que resuelve su déficit habitacional, que planifica su expansión urbana con instrumentos modernos, es una mala noticia para quienes apuestan electoralmente al fracaso de la gestión local.
Nancy González, por su parte, representa ese segmento de la política chubutense que encontró en la resistencia al cambio su principal forma de permanencia. Décadas en el Estado, ninguna iniciativa transformadora en el haber, y una capacidad notable para aparecer siempre que hay algo que frenar.
El Ensanche Sur no es un negocio. Es el sueño de cientos de familias madrynenses que quieren dejar de pagar alquiler, que quieren tener su pedazo de tierra, que quieren construir algo propio. Oponerse a eso sin argumentos válidos, con mentiras sobre el texto de la ley y con consejos para evadirla, no es hacer oposición. Es hacerle daño a la ciudad.
Y los vecinos de Puerto Madryn, tarde o temprano, toman nota.
