Llegaron prometiendo ordenar las cuentas y criticando los salarios. Lo primero que hicieron fue asignarse sueldos de hasta $15 millones, sin pasar por la Asamblea de Delegados. El gasto anual supera los $1.386 millones.
Ganaron la elección con un discurso de austeridad, de orden en las cuentas y de dureza con el costo laboral. Hoy, ese mismo Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Trelew es el centro de una de las polémicas más fuertes de los últimos tiempos en la ciudad. Los consejeros se fijaron sueldos que, según se informó, suman $1.386 millones al año, con $15 millones mensuales para la presidenta como techo de la escala.
La noticia generó una ola de indignación. Es comprensible: muchos vecinos hacen malabares para pagar la factura de luz y se encuentran con que quienes conducen la cooperativa decidieron mejorar sus propios ingresos.
Una decisión que, según el análisis, es ilegal
Para Gustavo Monesterolo, de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, el problema empieza por lo legal. Explicó que el artículo 67 de la Ley Nacional de Cooperativas (20.337) exige que la retribución a los miembros del Consejo sea autorizada de manera expresa por la Asamblea de Delegados, algo que aquí no ocurrió. “Ya eso convierte en ilegal la medida”, sostuvo.
Según Monesterolo, la decisión debería ser dejada sin efecto por el propio Consejo o por la autoridad de aplicación. También señaló que cualquier socio tiene derecho a plantear la situación y que debería intervenir la Subsecretaría de Cooperativismo provincial, además de una posible denuncia ante el INAES.
Sueldos atados al convenio de los trabajadores que criticaron
El mecanismo elegido agrega una contradicción más. Los salarios se equipararon a los de un gerente de área y quedaron atados al convenio colectivo de trabajo, el mismo que desde la campaña habían cuestionado.
Monesterolo advirtió que esto equivale a una “autoparitaria”: cada aumento a los empleados se traducirá automáticamente en un aumento para los consejeros. Calificó la situación de irregular y carente de sentido ético, y recordó que los únicos beneficiarios de la medida son quienes la dictaron.
Menos trabajadores, más consejeros bien pagos
Otro punto que alimenta el malestar es la plantilla. La lista que hablaba de achicar la planta de personal vio reducirse la cantidad de trabajadores, pero los consejeros, entre 12 y 13 personas según se mencionó, se suman a la nómina con ingresos altísimos. Para el analista, el impacto anualizado de $1.386 millones, aún sin contar posibles aumentos, “toma dimensión real” en un órgano pequeño frente al conjunto de la cooperativa.
Monesterolo aclaró que quien dedica su tiempo a conducir la cooperativa puede tener algún sustento económico, pero que “no puede ser en esta dimensión”. Subrayó además que nunca antes un Consejo se había fijado honorarios de este tipo.
Maquinaria alquilada y negocios cuestionados
El cuestionamiento se extiende a la gestión. La cooperativa destinaría unos $50 millones mensuales al alquiler de maquinaria, que según Monesterolo podría haberse evitado. La cooperativa tiene equipos nuevos, adquiridos por la intervención, que no se usan porque se jubilaron los dos operarios que los manejaban.
Su cuenta es simple: capacitar personal propio y pagarle sueldos costaría, con cargas sociales, entre $10 y $12 millones. “Se abre un espacio para la sospecha”, planteó, sobre si se busca resolver los problemas de la cooperativa o fabricar un espacio de negocios. También mencionó como controvertidos los servicios de sepelios que se estarían impulsando.
La deuda con CAMMESA y el silencio sobre la intervención
El análisis fue más allá de los sueldos. Monesterolo remarcó que la nueva conducción no dijo nada sobre lo ocurrido durante la intervención, que según él llevó la deuda con CAMMESA de unos $20.000 millones a cerca de $120.000 millones con intereses. Afirmó que se firmó un convenio de pago sin un flujo de fondos que explicara cómo se afrontarían las cuotas, y que se entregaron valores sin respaldo técnico.
Sin una denuncia de ese convenio o al menos una auditoría profunda, dijo, será muy difícil poner en orden la cooperativa. Cuestionó además la contratación del último interventor, a quien consideró parte de lo que debe ser observado, y habló de “complicidad con un pasado reciente”.
Una deslegitimación que será difícil revertir
Para el referente de Patagonia Tercer Milenio, el Consejo se “autoinfligió una deslegitimación de la que no podrá volver”. Llegaron como el cambio y la austeridad; a las pocas semanas, la primera decisión de peso fue pagarse a sí mismos.
Por ahora, los socios y vecinos esperan una respuesta. Y una pregunta flota en la ciudad: si la lista que prometió ajustar los gastos de otros terminó ajustando el bolsillo de todos para aumentar el propio, ¿a quién representa realmente este Consejo?
