Con 594 víctimas, 80 denuncias y más de 60 millones de pesos en movimiento, el Ministerio Público Fiscal dio por terminada la investigación penal preparatoria y formalizó la acusación sobre la falsa adjudicación de viviendas del IPV por parte de la familia Fita.
La Fiscalía de Comodoro Rivadavia dio por terminada la investigación penal preparatoria y formalizó la acusación pública en el legajo 133.162, una causa por estafas reiteradas vinculada a la supuesta entrega de planes de vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El organismo requirió que los cinco imputados sean juzgadas por un jurado popular.
Un expediente con 700 gigabytes de prueba
La pesquisa reunió 700 gigabytes de evidencia digital e informes financieros. Según se informó, el expediente está integrado por 80 denuncias formales, que alcanzan a por lo menos 594 personas perjudicadas, y por un movimiento de dinero superior a los 60 millones de pesos, rastreado en billeteras virtuales y cuentas bancarias.
Las pericias sobre los dispositivos incautados durante los allanamientos, junto con el levantamiento del secreto fiscal, permitieron comprobar alrededor de 400 transferencias concretas. A eso se sumaron los informes de ARCA, que revelaron que ninguna de las acusadas tenía actividad económica registrada ni patrimonio legítimo capaz de explicar el origen o la magnitud de los fondos.
Cómo funcionaba el engaño
Durante una conferencia de prensa, el fiscal jefe Martín Cárcamo detalló la mecánica que, según la acusación, se extendió entre abril de 2023 y febrero de 2024. El esquema estaba encabezado por Vanesa Fita, quien se presentaba como organizadora de una cooperativa habitacional. Alegando contactos con funcionarios del Gobierno, prometía acceso directo a viviendas que el IPV ya había terminado o estaba construyendo, y apuntaba a familias de Comodoro con una fuerte necesidad de casa propia.
Para sumarse, cada interesado debía abonar un adelanto uniforme de 100.000 pesos, en efectivo o por transferencia, y comprometerse a pagar cuotas posteriores. Tras ese primer desembolso, los afectados eran agregados a distintos grupos de WhatsApp y citados de manera periódica a reuniones informativas que, según la Fiscalía, eran falsas. Esas instancias servían para estirar los tiempos, repetir promesas sin sustento y atraer a nuevos interesados.
Un apellido de peso político
La principal acusada, Vanesa Fita, es hermana de Gustavo Fita, actual diputado provincial y presidente del Partido Justicialista de Chubut. El parentesco, que ya había trascendido desde el inicio de la causa, le agregó repercusión política a un expediente de por sí resonante.
La calificación legal y el rol de cada acusada
El Ministerio Público Fiscal encuadró los hechos como estafa por calidad simulada e influencia mentida, en concurso real. Fita fue señalada como autora directa de las 594 maniobras investigadas.
Las otras cuatro mujeres fueron acusadas como partícipes necesarias, por haber realizado un aporte indispensable en la captación de víctimas y en la administración del engaño:
- María Victoria Curán, en al menos 400 hechos.
- Lara Camila Páez, en 300 hechos.
- Lucía Lorena Miranda, en 130 hechos.
- Gisela Belén Mancilla, en 4 hechos.
Los próximos pasos
Con la acusación ya trasladada a las defensas técnicas, la Oficina Judicial deberá fijar la audiencia intermedia de control de prueba. Luego se establecerá la fecha del juicio por jurados, instancia en la que se definirá la responsabilidad penal de las acusadas.
