La cúpula judicial de Chubut ordenó una auditoría y la intervención del Equipo Técnico. El caso del niño de 4 años, asesinado mientras estaba bajo la guarda de su madre, desnudó las fallas de un sistema que hoy es señalado por la sociedad como responsable directo. La medida del STJ llega tarde, como siempre llega la Justicia en Chubut. Tarde.
En un clima de profunda indignación social y cuestionamientos que escalan hasta lo más alto del Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut tomó una decisión polémica: intervenir y auditar el Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia. La medida, confirmada por el presidente del alto cuerpo, Andrés Giacomone, busca diseccionar la cadena de decisiones que terminó con la vida de Ángel Nicolás López, el pequeño de 4 años brutalmente asesinado.
Una auditoría con nombres propios
La intervención no es una mera formalidad administrativa. El foco está puesto en el desempeño de actores clave que intervinieron en la vida de Ángel: el juez Pablo José Pérez, la asesora Verónica Roldán y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva.
El objetivo es determinar por qué el niño fue retirado del cuidado de su padre, Luis López —quien lo crió tras ser abandonado a los pocos meses de vida—, para ser restituido a su madre biológica, contexto en el cual halló la muerte.
“No sirve hacer un análisis solo particular sobre un organismo cuando fueron distintos actores los que intervinieron. Hay que hacer un análisis conjunto para verificar cuál fue la situación de cada uno y qué medidas tomaron”, sentenció Giacomone, justificando este “abordaje sistémico”.
El sistema frente al espejo: ¿Control o encubrimiento?
La decisión del STJ llega en un momento de máxima tensión. Mientras la ciudadanía clama por justicia, el Colegio de Abogados de Comodoro ha sumado polémica al oponerse a que el padre de la víctima cuente con el patrocinio del Dr. Castillo. Este escenario alimenta una sospecha que recorre las calles de la ciudad: ¿Estamos ante una verdadera búsqueda de justicia o frente a un nuevo mecanismo de la institución para protegerse a sí misma?
El discutido Dr Giacomone
Desde su postulación y pliego, diversos sectores de la sociedad civil y del ámbito jurídico han señalado que el magistrado carecería de la idoneidad técnica y trayectoria académica suficientes para integrar el máximo tribunal de la provincia. Las críticas apuntan a que su ascenso al Superior Tribunal de Justicia respondió más a acuerdos de la política partidaria que a sus méritos en la magistratura, lo que genera dudas sobre si esta intervención busca una verdadera depuración del sistema o si es una maniobra para intentar relegitimar su cuestionada autoridad ante el descontento social.
Un desenlace que pudo evitarse
El caso de Ángel no es solo una tragedia familiar; es el síntoma de un sistema de protección que parece haber llegado tarde. Giacomone admitió que la situación amerita un abordaje “más rápido y concreto” para verificar las fallas en un engranaje donde la burocracia pareció pesar más que la seguridad del menor.
La sociedad de Comodoro Rivadavia observa ahora con desconfianza. La pregunta que queda flotando en el aire es si este “análisis integral” arrojará responsables con nombre y apellido o si, una vez más, las responsabilidades se diluirán en la complejidad del sistema, dejando el crimen de Ángel como una cifra más en las deficiencias del Fuero de Familia.
