El intendente de Rawson presume de una ordenanza “sin aumento de módulos”, pero deja el inmobiliario casi once veces más caro que en 2024 y se reserva el derecho de seguir subiéndolo por resolución, sin pasar por el Concejo.
Una ordenanza que se vende como alivio
Este martes 27 de octubre el Concejo Deliberante de Rawson tiene en agenda la Ordenanza Tributaria 2027 que envió Damián Biss. El intendente la presenta como un cambio de rumbo: “Es el primer año que la Municipalidad manda una impositiva sin aumento de módulos”. La frase que oculta un aumento encubierto y como todos sabemos ocultar es mentir. La cantidad mínima de módulos no se toca, pero el valor de cada módulo pasa de $1.500 a $2.000 en enero, una suba de un tercio que el discurso omite.
La cuenta que no se explica en los discursos
El ejemplo más claro es Playa Unión, Zona A. En 2024 el mínimo era de 54 módulos a $500 cada uno: $27.000. Para 2027 el proyecto fija 146 módulos a $2.000: $292.000. Son casi diez veces más, un 981,5% de aumento acumulado en cuatro años.
El número sale de una doble palanca. El módulo subió 300%, de $500 a $2.000. Y la cantidad mínima de módulos subió 170,4%, de 54 a 146. Las dos subas se multiplican entre sí, y por eso el golpe es mucho mayor que el que sugiere cada porcentaje por separado.
No es un problema de una zona
Playa Unión es el caso más visible, pero no el único. En la Zona B el mínimo pasó de 43 a 117 módulos. En Rawson Zona C, de 30 a 82. En la Zona 1, de 32 a 87, y en la Zona 2, de 30 a 82. En las zonas 3, 4 y 5, de 14 a 38. En todos los casos el aumento ronda el 170%, y sobre esa base hay que sumar la suba del valor del módulo.
Cómo se construyó la base
El primer gran salto fue en 2025, cuando la gestión de Damian Biss duplicó los mínimos de 2024. En 2026 hubo otra suba, cercana al 36%. El proyecto para 2027 deja esas cantidades como están, y por eso el oficialismo puede hablar de “estabilidad”. Pero se estabiliza sobre un piso que ya quedó muy por encima del que existía en diciembre de 2023, cuando arrancó la segunda gestión.
La llave maestra: aumentar por resolución
El punto más delicado del proyecto es otro. El Ejecutivo se reserva la facultad de actualizar trimestralmente el valor del módulo mediante resolución administrativa. Si la ordenanza se aprueba, el Concejo votaría la cantidad de módulos y el permiso para actualizar su valor, pero cada suba concreta quedaría en manos del intendente, sin debate ni nueva votación.
Los contribuyentes pueden seguir pagando más durante todo el año sin que se sancione otra ordenanza.
Por qué decimos que vive de impuestazo en impuestazo
La estrategia fiscal de la gestión se puede leer en tres movimientos. Primero, duplicó los mínimos en 2025. Segundo, volvió a subirlos en 2026. Tercero, para 2027 congela la cantidad de módulos, pero sube el valor de cada uno y se asegura ajustes trimestrales por decreto.
En los tres tiempos la solución para cerrar las cuentas es la misma: que pague más el vecino. No hay en el proyecto una discusión visible sobre eficiencia del gasto ni sobre achicar la estructura. Cuando el aumento no pasa por el recinto, además, el costo político de cada suba se diluye. Esa es la lógica del impuestazo permanente: se sube de a poco, por goteo y por resolución, hasta que la nueva base parece normal.
El Estado también paga, pero a otra escala
El proyecto permite comparar lo que se le exige al vecino con lo que se le exige a los inmuebles oficiales. Una propiedad particular de Playa Unión, Zona A, tiene un mínimo de 146 módulos. Un inmueble oficial edificado tiene 400. Con el módulo a $2.000, eso son $800.000 contra $292.000, y $76.000 para una vivienda de las zonas 3, 4 o 5.
Desde 2024, los módulos mínimos de las viviendas particulares subieron cerca de 170%, y los de los inmuebles oficiales, 365%. Habrá que ver qué lugar ocupa esa recaudación en el esquema general, porque en buena medida es plata que el Estado se cobra a sí mismo.
El silencio que se extraña
Mientras todo esto se discute, hay una ausencia que se hace notar: la de la CAFACH. Cada vez que se habla de salarios, la cámara repite que el negocio de la pesca está roto, que no hay margen y que no se les puede aumentar a los trabajadores. Pero cuando llega un impuestazo, el silencio es absoluto. Si la actividad está tan al límite como dicen, uno esperaría la misma firmeza para reclamar contra una carga que le pega al bolsillo de todos. Se extraña esa voz cuando el que aprieta es el Estado y no el trabajador.
Lo que queda por resolver
El debate en el Concejo no debería limitarse a si 2027 trae o no más módulos. De fondo se discute cuánto más puede cargarse sobre el contribuyente de Rawson y quién controla ese ritmo. Por ahora la respuesta parece estar en un escritorio del Ejecutivo y de unos pocos empresarios pesqueros, no en el recinto.
