En medio del debate por el convenio entre el Gobierno del Chubut e YPF por los bienes que la petrolera deja en Comodoro Rivadavia, un sector de la oposición intentó equiparar la situación chubutense con la de Santa Cruz. La diputada María Andrea Aguilera salió al cruce y desnudó la confusión: “no podemos comparar peras con manzanas”.
La Legislatura del Chubut fue escenario esta semana de un áspero debate en torno al convenio firmado entre el Gobierno provincial e YPF, que establece la cesión de bienes, inmuebles y compromisos económicos a favor de la ciudad de Comodoro Rivadavia tras el retiro de la petrolera de distintas áreas de explotación. En el centro de la discusión, un grupo de legisladores de la oposición buscó instalar un paralelismo con lo ocurrido en Santa Cruz, en un intento por cuestionar los términos del acuerdo alcanzado por la gestión de Ignacio “Nacho” Torres.
La comparación, sin embargo, no resistió el análisis. Y fue la propia diputada María Andrea Aguilera quien se encargó de marcar, con datos y con historia, por qué equiparar ambas provincias es, directamente, un error conceptual.
“No podemos comparar peras con manzanas”
Aguilera fue contundente al remarcar las diferencias estructurales entre ambos procesos. Según explicó, en Santa Cruz se produjo lisa y llanamente un abandono de YPF, con reversión de las áreas a favor del Estado provincial a través de Fomicruz, sin continuidad productiva ni traspaso ordenado. Eso significa que fue la propia provincia santacruceña la que debió hacerse cargo, en soledad, de los pasivos ambientales y de todo lo que la petrolera dejó atrás.
En el caso de Chubut, señaló la legisladora, el escenario fue radicalmente distinto: hubo continuidad. Las áreas que YPF dejó de operar fueron tomadas por otras empresas privadas interesadas en seguir explotándolas, lo que garantiza la continuidad laboral de los trabajadores petroleros y traslada a esos nuevos operadores la responsabilidad sobre las áreas y sobre los pasivos ambientales generados.
Esa diferencia, remarcó Aguilera, es la que el gobierno de Nacho Torres logró torcer a favor de la provincia, en un trabajo que contó también con el acompañamiento del secretario general de los petroleros, Jorge “Loma” Ávila, y de los propios trabajadores petroleros, que bregaron para que la salida de YPF no significara despidos ni abandono de las áreas, sino un traspaso ordenado a manos privadas.
Un reclamo con memoria corta
La diputada oficialista no se guardó munición para responder a los cuestionamientos de la oposición sobre el manejo de los inmuebles y clubes que YPF deja en la ciudad. Recordó que fue en 2013 cuando se firmó la renegociación contractual que habilitó a la petrolera a retirarse sin ningún tipo de contraprestación, y que en 2019, mediante el Decreto 1185, se autorizó la cesión del 100% de los derechos sobre las áreas de Río Mayo y Sarmiento a Capetrol sin que mediara compensación alguna.
Aguilera fue más allá y apuntó directamente contra la gestión municipal de Comodoro Rivadavia, a la que responsabilizó por no haber resuelto en más de dos décadas la regularización dominial de los clubes e instituciones que hoy siguen figurando a nombre de YPF en los certificados de dominio. Sostuvo que, mientras tanto, muchos vecinos sí lograron regularizar sus propias viviendas de manera particular, lo que deja en evidencia la inacción del Estado municipal en la materia.
Pasivos ambientales: “no es una factura”
Otro de los ejes que la legisladora salió a desarmar fue el uso político del concepto de “pasivo ambiental”, que segun su exposición viene siendo utilizado de manera imprecisa por parte de la oposición. Explicó que los pasivos ambientales son identificados, auditados, registrados, priorizados y gestionados mediante un plan técnico aprobado por la autoridad competente, con auditorías realizadas por profesionales ajenos al propio Estado.
En ese sentido, remarcó que lo que el convenio busca es poner sobre la mesa, en el marco de una cesión ya consolidada, la posibilidad de garantizar a Comodoro Rivadavia y a sus habitantes los inmuebles y los recursos necesarios para encarar obras, en contraste con antecedentes de gestiones municipales anteriores que llegaron a condonar impuestos millonarios a la petrolera a cambio de obras menores, como una pileta de natación.
El cierre: un llamado a dejar la especulación política
Hacia el final de su intervención, Aguilera pidió despojar el debate de la especulación electoral y poner el foco en las necesidades reales de los comodorenses. El convenio, insistió, no deja afuera a la ciudad ni a sus instituciones, sino que busca resolver un problema que distintas administraciones no supieron —o no quisieron— encarar durante más de veinte años.
La sesión continuó con la intervención de otros legisladores, pero el mensaje de fondo ya había quedado planteado: comparar la salida de YPF de Santa Cruz con el proceso ordenado y con continuidad productiva logrado en Chubut es, sencillamente, mezclar peras con manzanas.
