La Fiscalía de Puerto Madryn presentó pruebas de una maniobra extorsiva contra el jefe comunal Gustavo Sastre. “Esto tiene un costo, Héctor no trabaja gratis”, es una de las frases que revelan el intento de presión. La jueza tiene tres dos para decidir si abre formalmente la investigación.
Puerto Madryn, Chubut – El intendente Gustavo Sastre fue víctima de extorsión, donde dos individuos habrían intentado sacarle 60 mil dólares bajo amenazas de generarle “un conflicto mayor” si no accedía a pagar. Lejos de ser un simple diferendo, se trata de una maniobra clara de intimidación que busca lucrarse a costa del funcionario y, por extensión, de la gestión municipal que representa.
Durante la audiencia realizada en la Fiscalía de Puerto Madryn, la fiscal Ivana Berazategui expuso los elementos iniciales de la causa y detalló cómo los imputados Gastón Domecq y Héctor Ibáñez habrían exigido dinero al intendente Sastre. Según la acusación, los extorsionadores le manifestaron que “le estaban dando una mano” y que, de no pagar, las consecuencias serían graves. Una de las frases más elocuentes que trascendieron fue: “Esto tiene un costo, Héctor no trabaja gratis”, en clara referencia a una supuesta “ayuda” que en realidad encubría una demanda de dinero.
Un intento de extorsión que no puede naturalizarse
La figura penal de extorsión, prevista en el Código Penal argentino, castiga precisamente a quien, mediante intimidación o amenazas, obliga a otro a entregar dinero u otros bienes para obtener un beneficio indebido. En este caso, las pruebas presentadas por la Fiscalía parecen apuntar en esa dirección: una presión económica explícita sobre la máxima autoridad municipal de Puerto Madryn.
Los imputados Domecq e Ibáñez, asistidos por sus respectivas defensas, rechazaron la apertura de la investigación, solicitaron la nulidad de los allanamientos y pidieron el sobreseimiento. Argumentaron que los hechos no configuran extorsión y plantearon diversas cuestiones técnicas. Sin embargo, estas defensas técnicas no alteran la crudeza de lo ocurrido: dos personas habrían intentado aprovechar su posición para extorsionar a un intendente elegido por el pueblo.
El intendente Sastre, quien ha mantenido una gestión enfocada en el desarrollo de Puerto Madryn, enfrenta esta situación como víctima de un accionar que, de confirmarse, merece el máximo repudio. No es un conflicto político ni una disputa menor: es un intento de coacción económica que busca debilitar la autoridad institucional.
La jueza penal María Inés Bartels analizará los elementos expuestos y resolverá en un plazo de dos días si dicta la apertura formal de la investigación. De avanzar la causa, se fijará una nueva audiencia en la que los imputados podrán declarar nuevamente.
Este caso debe servir como ejemplo claro de que las prácticas extorsivas, vengan de donde vengan, no tienen lugar en una sociedad democrática. El intendente Gustavo Sastre cuenta con el respaldo de quienes valoran la transparencia y el respeto a las instituciones frente a este tipo de maniobras ilegales. La Justicia tiene ahora la responsabilidad de actuar con celeridad y firmeza para esclarecer los hechos y ponerle límite a quienes intentan lucrarse mediante amenazas.
ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA FISCAL IVANA BERAZATEGUI
