A pesar del amplio respaldo que recibió de todos los sectores, Pablo Punta optó por “escaparse como rata por la puerta de atrás” para seguir cobrando.
En un giro que expone las grietas y fallas de un sistema político y administrativo enquistado en la ciudad de Trelew desde hace años, donde el único que parece querer cambiarlo es el Intendente Gerardo Merino, el ingeniero Pablo Punta presentó su renuncia como interventor de la Cooperativa Eléctrica de Trelew apenas unas semanas después de asumir el cargo, el pasado 6 de febrero de 2026.
Designado por el juez federal Hugo Sastre a mediados de enero, Punta abandonó el puesto antes de cumplir un mes, dejando a la ciudad sumida en interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de su salida abrupta.
Fuentes cercanas al caso revelan que el detonante habría sido el descubrimiento de una incompatibilidad insalvable: para mantenerse en el rol de interventor, Punta debía renunciar definitivamente a su lucrativo puesto como director del Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP), una entidad criticada por su ineficacia en regular o controlar los servicios públicos que supuestamente supervisa.
El OMRESP, calificado por muchos como un “invento” burocrático sin impacto real, le garantizaba a Punta un sueldo multimillonario en un cargo que, según denuncias recurrentes, no exige mayor esfuerzo –un clásico ejemplo de “ñoqui” en la administración pública chubutense.
La Carta Orgánica Municipal de Trelew es tajante al respecto. En sus disposiciones sobre incompatibilidades, establece que no se puede designar en el OMRESP a personas que hayan integrado órganos o entidades que este organismo debe controlar, como la propia Cooperativa Eléctrica.
“No se puede estar en las dos caras del mostrador”, resume un principio básico de ética administrativa que Punta parece haber ignorado inicialmente.
Al asumir la intervención, solicitó una licencia en el OMRESP para no perder su posición, pero pronto se dio cuenta de que su paso por la cooperativa lo inhabilitaría para retornar a ese “curro” dorado.
¿Fue el miedo a perder ese sueldo fácil el verdadero motor de su renuncia?
A pesar del amplio respaldo que recibió –del municipio, concejales, funcionarios y el propio juez Sastre, quien había impulsado la intervención en octubre de 2024 a pedido del INAES–, Punta optó por “escaparse como rata por la puerta de atrás”.
Fuentes oficiales atribuyen la dimisión a la falta de apoyo legislativo para actualizar tarifas, un argumento que suena a excusa conveniente ante la evidencia de conflictos de interés. El juez aceptó la renuncia, pero la hizo efectiva a partir del 23 de febrero para evitar un vacío institucional, mientras se avanza hacia elecciones en abril.
Punta, un militante histórico de figuras como Gustavo Mac Karthy y el exgobernador Martín Buzzi, no es ajeno a las críticas. Su trayectoria incluye roles siempre en el ESTADO: en la Universidad Nacional de la Patagonia, concejalías y puestos ejecutivos, pero también acusaciones de ineficiencia y oportunismo. En la cooperativa, su breve gestión no dejó huella significativa, más allá de resaltar la emergencia hídrica y promesas de ordenamiento financiero que nunca se materializaron.
Este episodio no solo defrauda a los vecinos de Trelew, que pagan por servicios ineficientes mientras figuras como Punta acumulan beneficios, sino que plantea una pregunta urgente:
¿Hasta cuándo tenemos que aguantar a esta gente enquistada en cargos estatales?
La ciudad merece transparencia, no más “ñoquis” con sueldos millonarios que priorizan sus intereses por sobre el bien común. Trelew merece funcionarios a la altura de las circunstancias. Por ahora, el único que está dando esta pelea, es Gerardo Merino.
