La Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios aclaró que la reciente transferencia de más de 100.000 millones de pesos anunciada por el Gobierno Nacional no constituye un aporte extraordinario ni una ayuda específica por los incendios forestales que afectan a la Patagonia, sino el cumplimiento de una obligación legal vigente desde 1998.
A través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales, la entidad que nuclea a los cuarteles activos de Chubut precisó los detalles técnicos de los fondos transferidos, en medio de la alta sensibilidad generada por la emergencia ígnea en la región andina y cordillerana.
El anuncio oficial de la Casa Rosada promocionó un desembolso superior a los 100.000 millones de pesos para asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país (exactamente $100.810.319.998,50 según la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial). Sin embargo, la Federación subrayó que estos recursos forman parte del financiamiento obligatorio y autónomo establecido por la Ley Nacional N° 25.054, y no una partida excepcional vinculada a la contingencia actual.
“Los recursos no constituyen un aporte extraordinario ni una ayuda adicional vinculada a los incendios forestales que afectan la Patagonia, sino que corresponden al cumplimiento de la ley”, detallaron de forma contundente para evitar interpretaciones erróneas.
Origen y mecanismo de los fondos
La normativa de 1998 crea un esquema de financiamiento sustentado en un porcentaje fijo de las primas de seguros: el 5% de los seguros de automotores y de viviendas se destina específicamente al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. En la práctica, es la ciudadanía la que sostiene el sistema mediante el pago de sus pólizas, mientras el Estado actúa únicamente como administrador y agente de distribución.
“Ese dinero es aportado por la población a través del pago de sus seguros, y el Estado Nacional lo administra y distribuye entre los cuarteles y asociaciones que cumplen con los requisitos administrativos previstos por la normativa”, explicaron desde la Federación. Esta distinción posiciona la transferencia como una obligación administrativa del Poder Ejecutivo y no como un subsidio discrecional o “regalo” político.
Deudas de 2025 y primera cuota de 2026
La Federación detalló que el monto actual incluye deudas pendientes del ejercicio 2025, período en el que no se completaron la totalidad de los giros previstos por ley, generando un bache financiero significativo en muchas asociaciones. Además, incorpora la primera cuota correspondiente al ejercicio 2026.
El retraso en los pagos durante 2025 complicó la planificación de los cuarteles, especialmente ante la inflación y el encarecimiento de insumos importados (muchos cotizados en dólares). Tradicionalmente, los giros se dividen en dos etapas principales: entre marzo-abril y agosto-octubre, pero el incumplimiento alteró ese cronograma.
Distribución equitativa y destinos específicos
Con más de 1.000 cuarteles habilitados en el país (exactamente 1.062 asociaciones de primer grado), los fondos se reparten en partes iguales entre las entidades que mantienen su documentación al día, sin distinción por tamaño, ubicación o complejidad operativa. Esto resulta en aproximadamente $94.924.971,75 por asociación.“La Ley Nacional establece que los fondos se distribuyen en los mismos términos para todos los cuarteles, sin distinción por tamaño o ubicación geográfica. Por eso, cuarteles de localidades como Esquel, Trevelin, Gualjaina o El Hoyo reciben montos equivalentes”, precisaron.
Los destinos del dinero son estrictos y auditables: compra de equipamiento autónomo, renovación de indumentaria ignífuga, mantenimiento mecánico de unidades, materiales operativos de última tecnología y programas de capacitación.
Llamado a la previsibilidad
La Federación valoró la llegada de los recursos en un momento crítico, pero insistió en la necesidad de que los giros se realicen con previsibilidad y normalidad. “Insistimos en la importancia de que los cobros y pagos del financiamiento legal se realicen con previsibilidad y normalidad, para que los cuarteles puedan planificar y sostener sus servicios esenciales sin inconvenientes”, señalaron.
En el cierre del comunicado, remarcaron el objetivo de clarificar ante la sociedad y los medios: la operatividad de los bomberos voluntarios no depende de decisiones políticas momentáneas frente a una tragedia, sino de una estructura legal que debe cumplirse de manera ininterrumpida.“Es fundamental clarificar que no se trata de un fondo extraordinario o de emergencia específicamente aprobado por el Gobierno Nacional para hacer frente a los siniestros actuales, sino recursos que el Estado está obligado por ley a girar al sistema bomberil”, concluyeron.
En el contexto de sequía, altas temperaturas y focos activos en la Comarca Andina, la regularización de estos fondos representa un alivio clave. Las asociaciones locales esperan que el flujo se mantenga constante durante el resto de 2026, evitando atrasos y permitiendo renovar herramientas antes de que finalice la temporada crítica de incendios forestales.
