El mandatario chubutense se refirió al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que obliga a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF. En un comunicado emitido junto al vicegobernador Gustavo Menna y a la diputada nacional Ana Clara Romero, Torres aseguró que “nos vamos a plantar y solicitar que levanten el embargo de las acciones de Chubut porque nuestra provincia no es parte demandada y no está condenada”.
Desde la histórica sede de YPF en Comodoro Rivadavia, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció con firmeza que la provincia se presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para exigir el levantamiento del embargo ordenado por la jueza estadounidense Loretta Preska sobre las acciones de YPF que pertenecen a las provincias productoras de hidrocarburos.
Con el respaldo del vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero, Torres dejó claro que no cederán en la defensa de lo que consideran un derecho innegociable: “Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias el patrimonio de nuestra provincia”.
El mensaje, cargado de determinación, apunta a un fallo que, según Torres, refleja una profunda desinformación. La jueza Preska ordenó que Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, como parte de una sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. Sin embargo, el gobernador fue contundente al señalar que “esas acciones no son solo del Estado nacional; el 49% pertenece a las provincias petroleras, como Chubut, según una distribución basada en la producción”.
En este sentido, destacó que el juicio en Nueva York tiene como demandado al Estado argentino, pero no a las provincias, por lo que el embargo sobre sus acciones es injustificado. “Nos presentaremos para que se levante ese embargo, porque Chubut no es parte demandada ni está condenada”, afirmó.
El anuncio no solo pone de relieve la defensa del patrimonio provincial, sino también las falencias de gestiones pasadas. Torres criticó la “desprolijidad” de anteriores administraciones que no protocolizaron ni llevaron a la Legislatura el acuerdo de 2012, que establecía la transferencia del 49% de las acciones a las provincias productoras. “Ese acuerdo nunca fue aprobado por ley”, señaló, evidenciando una negligencia que hoy complica la situación.
Además, cuestionó la negociación de aquel entonces, que otorgó a Mendoza un 20% de las acciones, mientras que a Chubut, principal productora de petróleo del país, solo se le asignó un 8%. “Es una injusticia histórica que no podemos ignorar”, remarcó.
En la misma línea, el vicegobernador Menna explicó que la ley de expropiación de 2012 destinó el 49% de las acciones de YPF a las provincias de la OFEPHI, y que el embargo actual no considera que Chubut no es deudora en el juicio. Por su parte, la diputada Romero reforzó el compromiso: “No solo defenderemos a los chubutenses desde el Congreso, sino que iremos a la Corte de Nueva York para exigir que se respete lo que nos pertenece”.
Esta batalla legal no es solo una cuestión de acciones; es una lucha por la soberanía económica y el reconocimiento del rol de Chubut en la producción energética del país. Desde Comodoro Rivadavia, cuna del petróleo argentino, el mensaje es claro: el patrimonio chubutense no se negocia.
